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117. la jurisdicción sobre las causas penales y la composición de los tribunales que han de examinar las causas se definen en el derecho adjetivo penal.
jurisdiction over criminal cases and the composition of the courts by which cases are to be considered are defined by criminal procedural law.

141. es así que la legislación adjetiva penal establece la prohibición de tortura en cualquier etapa de la investigación y el proceso penal de manera taxativa, pues reconoce no sólo estos derechos sino que también establece una serie de garantías del debido proceso, tendientes a prevenir vulneraciones a los derechos humanos.
141. criminal procedural law therefore strictly prohibits torture at all stages of the investigation and criminal proceedings, not only recognizing such rights, but also setting out a number of due process guarantees in order to prevent human rights violations.

los jueces de control, en vista de la solicitud efectuada por el ministerio público, pueden decretar la privación preventiva de libertad del imputado, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 250 del código adjetivo penal.
7. supervising magistrates may, if so requested by the public prosecutor's office, order the accused to be placed in preventive detention, provided the conditions set forth in article 250 of the code of criminal procedure are met.

109. las normas sustantivas y adjetivas penales, mencionadas supra, determinan el marco bajo el cual el estado boliviano tiene la obligación de procesar a los responsables de la comisión de los delitos en su jurisdicción, determinando las previsiones para los casos de procedencia e improcedencia de la extradición estableciéndose la obligatoriedad de ejercer la persecución penal de los delitos que, por convención o tratado, bolivia se haya obligado a reprimir, y la competencia y jurisdicción tendrá sobre los procesados que sean habidos en su jurisdicción.
109. the above-mentioned substantive and procedural rules of criminal law determine the cases in which the bolivian state has an obligation to prosecute offenders under its jurisdiction and provide the framework for decisions as to whether or not extradition is appropriate. they also establish that the state has an obligation to prosecute criminal offences which it has made a commitment to suppress under the terms of a treaty or convention and that it holds jurisdiction over persons apprehended within its jurisdiction.